viernes, marzo 27, 2015

ABSUELTOS LOS SIETE EXCONCEJALES DE SANTIAGO

Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello que fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Una sentencia es su momento muy dificil de entender. De hecho la sentencia del Juzgado de lo Penal de Santiago, fue recurrida ante la Audiencia Provincial, y ayer recibieron una muy buena noticia. 
La Audiencia Provincial de Santiago les notificó una sentencia en la que se les absuelve, ya que "no cabe apreciar un quebrantamiento del derecho en que se incurriría, que es precisa para su castigo como infracción de prevaricación que se imputa, lo que determina la absolución de los acusados".
La Xunta de Goberno del Concello de Santiago, en la que no estaba presente Ángel Currás, aprobó la defensa jurídica del concejal Adrián Varela, imputado por delitos de corrupción en la operación Pokémon en base al informe jurídico del secretario del Ayuntamiento. Ahora la sentencia de la Audiencia Provincial dice que el acuerdo que tomaron los concejales en esa reunión "podrá ser poco claro, técnicamente deficiente o contradictorio con la precisión exigible para el reconocimiento de obligaciones a cargo de fondos públicos", considerando que no hay base suficiente para estimar ignoradas las exigencias contenidas en el informe jurídico del secretario del Ayuntamiento.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Quien haya instruído este asunto y quien haya tomado la decisión de condenarles, tendrían ahora que dar explicaciones. Digo más. Tendrían que dimitir. Y tendría que haber un procedimiento por el cual poder acusar a un juez o jueza, que de tal forma actúan, de prevaricación (que como se sabe, es dictar resolución injusta a sabiendas de que lo es). Y estos jueces y juezas que de esta forma actuaron, sabían que no era cierta la acusación que se hacía. Porque si no lo sabían, entonces es peor y permite preguntarnos, ¿en qué manos judiciales estamos?. ¿Hasta dónde llega su incompetencia?. Y además, nos permite preguntarnos el cómo y quién puede resarcirles por el sufrimiento que ellos y ellas y sus familias han tenido que soportar. Sin contar con la "alegría" con que la prensa ha escrito lo que ha querido al respecto, sin fundamento jurídico alguno.

Anónimo dijo...

Gran verdad. Los jueces que así actúan (esta jueza piensa más en nacionalista que en defender la legalidad) deberían ser expulsados de la carrera judicial. Si a los gobernantes se les piden dimisiones, a los jueces, también debería exigírseles lo mismo.

Anónimo dijo...

Una cosa es la responsabilidad jurídica(que ya está clara)y otra la política.Y el hecho es que es impresentable politicamente cargar a los ciudadanos con la defensa de un concejal imputado por corrupción y que cobra más de 3000 euros netos al més.Son todos representantes del PP y hay que parecer honrados,además de serlo.

Anónimo dijo...

De ser ciertos los primeros comentarios, lo coherente sería pedir responsabilidades a: el propio Partido Popular, que lleva tres años y medio gobernando con mayoría absoluta, obtenieda en base a un programa el cual incluía entre otras cuestiones una profunda reforma de la Justicia.

Si después de tres años y medio de incumplimiento de programa electoral nos encontramos con estas situaciones es por culpa del mismo Partido Popular al que pertenecen los referidos. Lo que pasa es que cuando cientos de miles de españoles sufren las consecuencias de una Justicia corrupta, lenta y politizada, no pasa absolutamente nada. El problema, parece ser que solo existe cuando miembros destacados del poder sufren sus consecuencias.

Anónimo dijo...

Pagar una defensa personal con dinero público por una imputación precisamente por gestión pública no es precisamente muy correcto. Pero bueno...a la Infanta la defiende también un abogado del estado...así va el país.

Anónimo dijo...

Que se presenten a las elecciones y los ciudadanos juzgarán. Ni la Audiencia ni San Pedro.