lunes, febrero 10, 2014

LA LEY DEL SUELO QUE SE NECESITA EN GALICIA

La actual ley del suelo del 9/2002, después de diversas modificaciones, ha quedado desvirtuada y obsoleta, no respondiendo a la actualidad a mayores su elevada complejidad de implantación ha sido más un problema que una solución, de ahí las modificaciones.
Dicho esto, como representante del sector inmobiliario gallego, llevamos en los últimos años solicitando por activa y pasiva una nueva ley legible, contrastada, agrupada y simplificada, que sea ágil en su uso y que responda desde el primer momento de su aprobación a ser la ley que realmente ordene urbanísticamente los 314 ayuntamientos de nuestra Galicia. Ayuntamientos a los cuales esta nueva ley debe retornar planes generales de calidad de una forma ágil, eficiente y por supuesto acortando los plazos de tiempo, a la vez que se debe dotar a los ayuntamientos de mayores competencias urbanísticas, con el fin de contribuir a agilizar de esta forma los tramites de los planeamientos, marcando como prioridad que todos los ayuntamientos y el conjunto de sus vecinos lo disfruten en tiempo y forma.
Aunque para mi entender uno de los grandes avances de esta futura ley va ser, sin duda, la parcelación en suelo rústico, permitiendo por ejemplo, la segregación y parcelación así como la contemplación de la reducción a la mitad de la superficie mínima para poder construir viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas-ganaderas, toda una reclamación de nuestro rural durante décadas.
Para que esta nueva ley sea rigurosa y, por qué no, proteccionista, se hace especialmente necesario un mayor control en la correcta aplicación de los espacios naturales y patrimoniales a proteger, de modo que, el principio de residualidad en la clasificación del suelo susceptible de ser urbanizado no se convierta en un espacio abierto para la clasificación urbanística de los magníficos espacios naturales que tenemos en nuestra comunidad. La degradación de nuestros núcleos históricos y la pérdida de todo nuestro enorme y valioso patrimonio arquitectónico y urbanístico, con lo que se debe fomentar, a imagen y semejanza del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, la rehabilitación, renovación y regeneración urbana

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